Demanda por vigilancia masiva en Estados Unidos: Cámaras rastrean vehículos 526 veces sin orden judicial

Imagina que sales a manejar por la ciudad y, sin que lo sepas, un sistema de cámaras te sigue la pista más de 500 veces en unos pocos meses. Eso es exactamente lo que le pasó a Lee Schmidt, un veterano retirado en Norfolk, Virginia, donde 176 cámaras automáticas de lectura de placas de Flock Safety lo registraron 526 veces entre febrero y julio. Su co-demandante, Crystal Arrington, fue captada incluso más, 849 veces en el mismo lapso, todo sin que hubiera una orden judicial pendiente contra ellos. Esta situación ha llevado a una demanda presentada en septiembre ante un tribunal federal de Estados Unidos, alegando violaciones a la privacidad. La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra búsquedas y incautaciones irrazonables sin causa probable, parece estar en juego aquí, y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) comparten esta preocupación.

¿Qué es exactamente Flock Safety? Se trata de una empresa privada que opera bases de datos con información de cámaras lectoras de placas vehiculares, conocidas como LPR por sus siglas en inglés. Según su propio sitio web, estas cámaras se pueden instalar en casi cualquier lugar para capturar datos detallados sobre placas y vehículos usados en delitos, permitiendo acciones rápidas y eficientes (Flock Safety). Sin embargo, un portavoz de la compañía le dijo a NBC News que las LPR no constituyen una búsqueda sin orden porque solo toman fotos puntuales de autos en público y no rastrean continuamente a individuos. Pero cuando las sumas, con cámaras fijas en postes telefónicos, semáforos o incluso en camiones de remolque y vehículos policiales, el resultado es un mapa de movimientos que usa GPS para ubicar las placas. Esto incluye técnicas como el “gridding”, donde un vehículo patrulla barrios recolectando datos, lo que suena bastante a vigilancia constante.

El problema no se limita a Flock; hay un ecosistema más amplio de vigilancia en las carreteras estadounidenses. Por ejemplo, en 2024, una jueza en Norfolk dictaminó que datos de lectoras de placas obtenidos sin orden judicial no podían usarse contra un acusado en un caso de robo. Ese mismo año, datos similares llevaron a la detención errónea de una mujer en Detroit, destacando los riesgos de errores en estos sistemas. Además, Flock está explorando alianzas con Nexar, una compañía de dashcams, para convertir cámaras de autos en herramientas de vigilancia adicionales. No es algo nuevo: las cámaras de timbre Ring ya comparten datos con agencias policiales desde antes de la pandemia, normalizando esta invasión gradual a la privacidad cotidiana.

Las preocupaciones por el abuso son reales y van más allá de la teoría. Automotrices como Honda, Acura, Hyundai y Kia venden datos de conducción de sus clientes a LexisNexis Risk Solutions, que a su vez los pasa a compañías de seguros, potencialmente subiendo primas por comportamientos “arriesgados”. LexisNexis también recolecta datos de LPR y promociona esta tecnología como una forma de expandir el alcance de la aplicación de la ley en investigaciones. Un caso escandaloso ocurrió en Kansas, donde un jefe de policía usó cámaras Flock para seguir a su exnovia y su pareja, incluso fuera de la ciudad, en una persecución personal ilegal que solo salió a la luz por casualidad durante otra investigación. Esto revela una falta de supervisión que permite abusos sin que nadie lo note de inmediato.

En respuesta a estas inquietudes, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, firmó en mayo una ley que limita el acceso a datos de placas vehiculares, efectiva desde enero de 2026. Bajo esta norma, las autoridades solo podrán obtener la información en investigaciones criminales activas, casos de personas desaparecidas o de vehículos robados. Sin embargo, las cámaras seguirán grabando todo el tiempo, y la demanda de Schmidt y Arrington cuestiona precisamente esa recolección constante, comparándola con obligar a todos a una foto de ficha por si algún día cometen un delito. Es un recordatorio de que, aunque las intenciones puedan ser buenas para combatir el crimen, el equilibrio entre seguridad y derechos individuales es frágil. En un país donde la vigilancia tecnológica avanza rápido, casos como este impulsan debates necesarios sobre límites éticos.

Más información | Jalopnik